El juicio en contra del alguacil Joe Arpaio y su oficina del Condado de Maricopa, acusados por cometer abusos de autoridad en contra de hispanos, comienza hoy en una corte federal de distrito en Arizona.
Según los grupos de derechos humanos que llevaron el caso ante la corte, el alguacil Joe Arpaio y su oficina han estado cometiendo actos sistemáticos de discriminación racial durante sus operativos policiales en carreteras, deteniendo injustamente a latinos, sin importar si están legalmente en el país o si están indocumentados.
Arpaio, quien tiene a su cargo la policía del Condado de Maricopa, en Arizona, ha negado repetidamente las acusaciones.
Tim Casey, uno de los abogados de los acusados dijo el jueves que “hay dos lados para cada historia. Si la verdad fuera así como los demandantes han sugerido, sería algo preocupante,” agregando que la realidad es diferente y que “la raza y origen étnico no tienen nada que ver” en el criterio de Arpaio en ni en el de los miembros policiales de su oficina en lo que a las detenciones por parte de patrullas de tráfico se refiere.
Los demandantes por su parte han dicho que policías de la oficina de Arpaio efectuaron procedimientos basados en raza, específicamente hispanos conduciendo vehículos o siendo pasajeros, quienes fueron detenidos con el simple propósito de verificar su estatus de inmigración.
Dos de los grupos que representan a los demandantes son la Unión Americana de Libertades Civiles y el Fondo de Defensa Legal Mexico-Americana.
El juicio en contra de Arpaio es solo parte de un caso mayor que grupos de derechos humanos como estos tratarán de establecer en contra de una de las provisiones de la ley de inmigración en Arizona, que fue ratificada por la Corte Suprema hace un mes, y que requiere que la policía pida documentos a cualquier persona detenida para probar su estatus migratorio.
Grupos de derechos humanos han dicho que esta provisión podría hacer que se extiendan los períodos de detención para personas que fallen en probar su estatus migratorio inmediatamente, lo que según ellos violaría la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
También el Departamento de Justicia lleva un caso separado en contra del alguacil Arpaio desde mayo de 2012, por posibles violaciones de derechos civiles.
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